El 30/4/24 el Sindicato Trabajadores en red de la Paz asistió en apoyo a la denuncia presentada por ADEPPU (Asociación en Defensa del Sistema Público de Pensiones) ante la Fiscalía.
Dicha denuncia pone en relieve nuevamente un problema que se lleva arrastrando desde hace años en la Comunidad de Madrid:
-El deterioro consciente de la Sanidad pública por parte de las instituciones; con la aplicación de la ley 15/1995 que permite privatizar la sanidad. Dicha ley es la puerta que facilita a la Comunidad Autónoma el desvió obsceno de recursos económicos a la privada; mientras asigna presupuestos insuficientes en la pública.
-La falta de transparencia (a todos los niveles de gestión) en la información y opacidad de los datos. Lo que impide en numerosas ocasiones; conocer la gravedad real de la situación y sus posibles repercusiones.
-La aplicación de políticas que buscan la precariedad laboral del personal. El adelgazamiento sistemático de plantillas, la temporalidad, el empeoramiento de las condiciones laborales y vulneración de los derechos de los trabajadores; deriva en un beneficio directo de la privada más que premeditado. Premiando además a los altos cargos a su vez con subidas salariales de al menos un 25% por contener a los trabajadores ante esa situación insostenible.
-Creación de zonas críticas, en su mayoría localizadas en barrios de la zona sur (23 centros de salud con menos recursos humanos y materiales). Lo que hace poco atractivo a la hora de elegirlos como destino de trabajo y generando aún más vacantes sin cubrir de facultativos. (plazas MIR vacantes en 2024: de 227 puestos que estaban libres. 213, la mayoría, pertenecen a la especialidad de Medicina de Familia). Todo esto conlleva finalmente que se traslade la problemática de los centros de AP a las urgencias de los hospitales; y el aumento final de costes por agravarse los cuadros de los pacientes.
– El intolerable aumento exponencial de las listas de espera para citas médicas, especialistas y operaciones (1.003.721 pacientes esperando, en marzo de 2024. El peor dato desde que existen registros). Con el riesgo vital inherente que todo esto conlleva para la ciudadanía.
Dicha crisis en la prestación de servicios orquestados desde hace años por parte de la Comunidad de Madrid; propicia el escenario perfecto para la privatización. Poniendo en bandeja a que los ciudadanos “que puedan” contratar un seguro privado de salud se vean obligados a ello, ante la búsqueda de alternativas. Impulsados en la mayoría de los casos por la necesidad y no por elección voluntaria.
Con todo este escenario desolador, TERE, continuará trabajando en defensa de la sanidad pública, de los derechos de trabajadores y pacientes; y haciendo sinergia con plataformas, asociaciones y otros sindicatos que la promuevan.
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