En el Hospital Universitario Ramón y Cajal se ha cruzado una línea muy grave. La Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS ha abierto un expediente disciplinario por falta grave contra Alfonso Celemín, delegado sindical, por hacer lo que debería ser normal en cualquier servicio público: denunciar condiciones laborales que ponen en riesgo la salud de la plantilla y la calidad asistencial.
Alfonso no inventó nada. Habló de una realidad conocida, denunciada por escrito durante años y sufrida a diario: falta crónica de personal, sobrecarga, rotaciones arbitrarias, estrés sostenido y deterioro de la salud laboral. La respuesta de la Administración no ha sido investigar ni corregir, sino castigar, amedrentar y silenciar.
Este expediente no es un error ni un exceso administrativo: es una represalia sindical. Un aviso a quien se atreva a señalar los problemas. Un intento de convertir la acción sindical legítima en una falta sancionable. En un hospital público, esto es especialmente grave: imponer el silencio sobre los riesgos laborales pone en peligro no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a la ciudadanía.
No podemos normalizar que denunciar sea castigado y que callar sea la única opción segura. Exigimos el archivo inmediato del expediente, una investigación real sobre las condiciones denunciadas y garantías de que ejercer derechos fundamentales no volverá a ser perseguido en la sanidad pública.
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